El Gobierno gastó 500.000 euros del Fondo de Ayuda al Desarrollo en la cúpula de Barceló

Ya advirtió el jueves el ministro de Exteriores que el proyecto de la cúpula de Barceló en la sede de Naciones Unidas en Ginebra es una nueva manera de hacer diplomacia y política exterior. ¿Se refería quizá Moratinos al hecho de utilizar una partida de 500.000 euros con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para financiar dicho proyecto?

Tal como consta en los acuerdos del Consejo de Ministros del 14 de diciembre de 2007, se aprobó una partida de 1.462.700 euros como contribución de España a la Fundación Onuart, destinada a la remodelación y renovación de la Sala XX de la sede de Naciones Unidas en Ginebra, así como otra contribución, también aprobada ese mismo día por el Consejo de Ministros, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo.

¿Qué es el FAD?

El FAD es un fondo dotado por el Estado español para otorgar ayudas financieras de carácter concesional a países en vías de desarrollo, a sus instituciones públicas o a sus empresas residentes. Suiza no parece precisamente un país en vías de desarrollo. También se prevé este fondo para instituciones financieras multilaterales, pero se supone que remodelar una sala (por mucha ONU y mucho Barceló que sean) no justifica tirar de fondos previstos para el desarrollo.

En un solo día, pues, el Consejo de Ministros aprobó con destino a la sala bautizada por Zapatero como Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones un total de 1.962.700 euros. A ello hay que sumar la subvención que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación hizo a la Fundación Onuart el 1 de agosto de 2008 por un total de 2.037.200 euros. Cuatro millones de euros de fondos públicos destinados ya a este proyecto, amén de los 7 millones aportados por una decena de empresas privadas que forman parte del Patronato de la Fundación Onuart: Repsol, Telefónica, Agbar, La Caixa, Indra, Galería Art Gaspar, Hotetur Club, Caixa Cataluña, Mutua Madrileña, Caja España, Caixa Galicia, Grupo Santander y Cajasol.

A ellos hay que sumar las aportaciones, menores, de las entidades colaboradoras de esta fundación: los Gobiernos de las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares, Cataluña, Andalucía, Extremadura y el Principado de Asturias; la Fundación Areces, Iberdrola, la Caixa de Baleares «Sa Nostra», la Confederación de Empresas e Industrias de Madrid/CEIM y el grupo Barceló. A pesar de este rosario de patronos y colaboradores, y de la inyección económica que supone, Exteriores tiene por delante una difícil papeleta por resolver. A los 11 millones de euros aproximadamente que se han conseguido de financiación (40% pública y 60% privada) faltan por sumar en torno a 9 millones más, que aún no se sabe de dónde van a salir.

ABC ha podido saber que el coste total del proyecto sobrepasará los 20 millones de euros. Si no se logra atraer más capital privado no quedará otra solución que tirar de las arcas públicas. Ya en la remisión a las Cortes del acuerdo para la remodelación de la sede de la ONU en Ginebra se advierte que «para la financiación del coste de las obras se acudirá, en la medida de lo posible, al patrimonio privado». Y parece que la medida de lo posible ha sido imposible. Visto lo visto, no es de extrañar que a Moratinos le cueste dar cifras públicamente, porque las cuentas, sensillamente, no salen.

Pero, ¿en qué se han gastado 20 millones de euros? Pues, además de los honorarios del artista, que ha trabajado con un equipo de entre quince y veinte personas durante el año y medio que han durado los trabajos y ha empleado 35.000 kilos de pintura (hay quien dice que Barceló ha cobrado en torno a 6 millones de euros, aunque el dato no está confirmado oficialmente), ha habido que contratar seguros y, sobre todo, ha habido que remodelar, reacondicionar y amueblar una sala inmensa -la cúpula tiene unos 1.400 metros cuadrados-, cuyos costes de actuación ascendieron, en una previsión inicial, a 4 millones de dólares. Es posible que esta cifra haya aumentado.

Y es que a España no le bastó con financiar la obra de Barceló. Se comprometió, entre otras muchísimas cosas, a estudiar, supervisar, ejecutar y financiar en su totalidad el proyecto, a asumir los costes de limpieza y mantenimiento de la obra de Barceló durante toda la vida de la misma (la ONU, generosamente, corre con los gastos del mantenimiento rutinario de la sala), a asumir las coberturas de seguros tanto de construcción como de indemnización a los trabajadores y de responsabilidad, a correr con los gastos que se deriven de reubicar las reuniones y conferencias previstas en un local alternativo si hubiese retraso en las obras... Que lo hubo. La obra no se entregó el 18 de diciembre de 2007, como estaba previsto; su inauguración será otro día 18, pero once meses después. La propiedad intelectual de la obra permanece en poder de Miquel Barceló, aunque la ONU se reserva el derecho de reproducir imágenes de la obra en medios relacionados con este organismo.

Al menos nos queda un consuelo. En el acuerdo entre España y Naciones Unidas relativo a la remodelación y renovación de la Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones, cuya firma autorizó el Consejo de Ministros en su reunión de 27 de abril de 2007, y que rubricaron Miguel Ángel Moratinos y el vicepresidente general de Naciones Unidas, Sergei A. Ordzhonikidze, consta en uno de sus 30 apartados -en ellos se determinan los trabajos asumidos por España, el régimen de responsabilidades y seguros y los mecanismos de arbitraje en caso de discrepancias- el «compromiso de Naciones Unidas de instalar una placa en la sala, de forma permanente y en zona visible, reconociendo que las obras de renovación, remodelación y modernización, así como la creación e instalación permanente en la cúpula de la obra de arte de Miquel Barceló, constituyen una donación del Reino de España». París bien vale una misa... y 20 millones de euros bien merecen una placa. ¿O no?