El descontrol de la ley de Dependencia da lugar a un «PER encubierto»
El PP andaluz dice que
«sirven para tapar la boca a la gente» y en Génova
insinúan que «huele a PER encubierto»
La necesidad de que alguien controle a las autonomías y armonice los criterios
Las asociaciones
especializadas en dependencia andan muy inquietas por
la disparidad de cifras. Por ejemplo, en Andalucía se
han emitido dictámenes para reconocer algún grado de
dependencia a 142.231 personas casi el 30% de los
expedientes que a fecha de 1 de octubre han recibido
el visto bueno en España (un total de 481.325). Al
margen de que la Junta vaya más adelantada o aplique
más recursos lo que subyace, según señala Edad&Vida,
es que «existen diferentes metodologías de valoración
entre las Comunidades Autónomas». Una cuestión muy
grave pues no se responde a los principios de igualdad
entre todos los españoles y de universalidad en los
servicios sociales para ayudar a los grandes
dependientes. Diferentes criterios de valoración,
distintas ofertas de ayudas que urgen la necesidad de
armonizar. Desde diversos ámbitos se clama por una
Agencia Nacional que vele por la homogeneidad de la
aplicación de los baremos y que controle lo que están
haciendo las comunidades.
Algo más de un año y medio
después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la
aplicación de la misma en las distintas comunidades
autónomas está resultando muy irregular y, en general, el
retraso es considerable.
En este panorama extraño y
desigual, Andalucía brilla con luz propia. La Junta presume
de sus datos. Alardea del número de valoraciones que lleva
—el 30,26% de las realizadas en España—, del total de
beneficiarios a los que ha concedido prestaciones —el 27,57%
de todos los del país—, de los dictámenes completados... En
definitiva de lo bien y rápido que están llevando a cabo la
aplicación de la ley.
Grandes alharacas, pero
también muchas sombras. Los números que manejan se salen en
todos los sentidos de la media. Repasando los datos
oficiales a 1 de octubre, lo que más asombra es el
elevadísimo número de cuidadores familiares no profesionales
reconocidos por la Junta de Andalucía para encargarse de los
grandes dependientes.
Precisamente es esta una
figura que la Ley de dependencia articula como excepcional.
En concreto, en su artículo 14.4 expone que: «El
beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación
económica para ser atendido por cuidadores no profesionales,
siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de
habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa
Individual de Atención». Asombra que pese a lo que marca la
normativa la prestaciones más concedidas en Andalucía sean
precisamente las reservadas para esos casos excepcionales.
En concreto, en Andalucía, ya
hay 28.948 cuidadores familiares que tienen reconocidas
estas ayudas, sueldos en toda regla. Suponen el 41,87% de
las que hay en toda España. Es decir más de cuatro de cada
diez beneficiarios de estos sueldos son andaluces.
Dicho de otro modo, el 27,7%
de todas las prestaciones reconocidas en Andalucía son para
cuidadores familiares. El mayor porcentaje de toda España
seguido por Cataluña (el 23,3%) y Murcia (22,9%). Comparando
estos datos con los de otras autonomías con un realidad
social similar a la andaluza —dispersión geográfica,
población envejecida y núcleos rurales aislados— los números
aún llaman más la atención. Por ejemplo, en Castilla y León
sólo el 6,9% de las ayudas han sido para no profesionales,
en Extremadura el 10,9% y en Castilla-La Mancha el 19%.
Pero si los números se
observan desde los prismas de Madrid o la Comunidad
Valenciana, las diferencias ya se convierten en siderales.
Madrid, hasta la fecha del informe, no había concedido ni un
solo salario para familiares de entre las 17.953
prestaciones que tiene reconocidas y en Valencia sólo se
otorgó en un único caso entre los 25.022 aceptados.
Datos, en definitiva, «muy
sospechosos», como apunta Antonio Sanz, secretario general
del PP andaluz que intenta aportar una explicación de por
qué en Andalucía sí sucede de este modo y en la mayor parte
del resto de España no.
«Lo que ocurre aquí —arguye—
es excesivo. No admite comparación con ninguna otra
comunidad. Responde a la triste realidad que se vive en
Andalucía. Aquí se sufre un déficit real de
infraestructuras. No llegamos ni a la mitad de lo que marca
la ley como mínimos por culpa de la mala gestión de los
gobiernos de Chaves que no han invertido en centros de día,
en centro de dependientes, en residencias, en teleasistencia...
Así, cuando se ha puesto en marcha la ley de dependencia ha
sucedido que en Andalucía existían enormes deficiencias en
comparación con otras autonomías».
«Fraude a la ley»
«La desproporción de
concesión de ayudas a cuidadores no profesionales,
familiares al final, no es más que la forma que tiene la
Junta de tapar la boca a la gente después de que la
consejera animara a ir a los tribunales a los grandes
dependientes que no consiguieran alguna plaza en los
centros».
«Responde —añade— a una mala
aplicación de la ley. Más aún, se trata de un clarísimo y
gravísimo fraude al sistema y a la ley al convertir en
habitual lo que debería ser una excepcionalidad. Dan dinero
porque así no tienen, porque no pueden, que conceder los
otros tipos de ayudas que recoge la ley».
«Y, lo que es peor —remacha
Sanz—, están incentivando la creación de una economía
sumergida. Hemos detectado que muchos de esos familiares que
reciben las ayudas por cuidar a sus dependientes,
subcontratan a su vez a inmigrantes poco o nada cualificados
para que realicen el trabajo».
«La Junta —sentencia— no hace
bien los deberes y en los casos de los centros de noche y de
alzheimer, la asistencia es mínima, casi ridícula».
Sospecha de clientelismo
Unas denuncias que empañan el
brillo de las medallas que se cuelga el Gobierno andaluz a
cuenta de la dependencia y sus cifras líderes en España.
Pero hasta donde parece que no desea llegar Antonio Sanz, sí
que penetran, aunque con prudencia, desde Génova.
Con la perspectiva de la
distancia geográfica, llevan el análisis de lo que sucede en
el sur un poco más allá. «Resulta evidente que algo está
pasando, porque no son normales las diferencias tan brutales
que existen entre Andalucía y el resto de España», subrayan
las fuentes consultadas. Y se preguntan: «¿Qué es lo que
ocurre?». La respuesta se la sirven ellos mismos: «Son unos
datos tan disparatados que escaman», hasta el punto de que
se habla de sospechas de «clientelismo».
«Da la impresión —apuntan— de
que la Junta ha encontrado otra forma más de conseguir
nuevas bolsas de votos cautivos. Vamos que lo que está
pasando en Andalucía con las ayudas a la dependencia huele
directamente a PER encubierto». Llueve sobre mojado. Todo el
mundo sabe lo que ha ocurrido en Andalucía con parte del
subsidio agrario, con la picaresca de las peonadas y con las
fidelidades electorales que eso provoca.
Lo cierto es que es un dinero
que viene muy bien para desahogar algunas economías
familiares muy humildes y lastradas por la dura situación de
la dependencia de alguno de sus miembros. En estos momentos,
la prestación económica para cuidados en el entorno familiar
asciende a 506,96 euros en los casos de grandes dependientes
de Grado III Nivel 2, alcanza los 405,99, para los Grado III
Nivel 1 y llega a los 328,36 para los Grado II, Nivel 2.
Cantidades a las que hay que añadir, en los tres casos,
153,93 euros en concepto de cuota para la Seguridad Social y
Formación Profesional.
«Unas cantidades muy
suculentas y que profusa, como parece que está ocurriendo, y
convenientemente repartidas pueden dar mucho juego
electoralmente hablando», mantienen.
Regresando a baremos
nacionales, se descubre, además, que, aunque el número de
prestaciones reconocidas a los cuidadores no profesionales
ascienda a 1 de octubre a un total de 69.143, el número de
altas de este tipo de cuidadores en la Seguridad Social es
de únicamente 32.704 a 20 de octubre (17.288 de ellas en
Andalucía).
El desequilibrio (al menos
hay 37.439 cuidadores que no cotizan a la Seguridad Social)
podría deberse, según apuntan desde el Ministerio de
Trabajo, «al desfase temporal que existe entre el momento en
que se concede la prestación y el alta del cuidador».
Cuidadores envejecidos
Puede ser. Sin embargo la
impresión de los especialistas en dependencia, como señala
un estudio reciente del Instituto Edad&Vida, apunta hacia
otra cuestión espinosa. Consideran que el desfase se produce
porque muchos de esos cuidadores familiares no profesionales
que no cotizan «son mayores de 65 años».
Un detalle que, por cierto,
reforzaría la sospecha de un posible subsidio encubierto.
Suponen unos ingresos muy interesantes para mujeres mayores
—el perfil más abundante— que verían así complementadas sus
pequeñas pensiones (viudas que cuidan a un hijo inválido,
mujeres con esposos con alzheimer o demencia senil a su
cargo...). Por lo que respecta a Andalucía se calcula que
los cuidadores no profesionales por encima de los 65 años se
situarían entre el 55 y el 60% de los reconocidos.
Los datos de Trabajo
confirman el perfil de esos cuidadores. Por sexo, casi el
95% de los que perciben esos sueldos y están dados de alta
son mujeres (31.058 por sólo 1.646 hombres). Y por edad, el
53% se encuentra por encima de los 51 años.