De las universidades españolas, asendereadas por reformas sectarias y pedagogías castrantes (de lo más progresistas), emerge hoy la excelencia con cuentagotas, como germina una milagrosa margarita en mitad de un erial. Pero es que cuando emerge, resulta sistemáticamente maltratada. Si hay un sector de la formación académica en España que evoque una tradición de prestigio reconocida en el extranjero, es la medicina. La exigencia del sistema MIR ha deparado generaciones de buenos médicos españoles, pero hoy el Sistema Nacional de Salud (SNS) contrata cada año a más de 4.000 sanitarios sin título homologado y el 45% de las plazas MIR las cubren extranjeros. La gran mayoría de esos sanitarios no homologados son licenciados sudamericanos a los que el Ministerio de Educación homologa ipso facto el título de licenciatura -es cuestión de poner un sello-, pero a los que el Ministerio de Sanidad tarda en homologar el título de especialista una media de 10 años. Entretanto, los médicos inmigrantes son contratados por las comunidades autónomas -que tienen delegadas las competencias en materia de contratación- y ejercen sin ninguna cortapisa. En torno al 80% de ellos no superará nunca la prueba final de homologación, tanto por la inflación burocrática, que lastra un sistema de homologación arcaico, como por la exigencia de la propia prueba. Pero eso, a los cerca de 12.000 médicos sin el título homologado -más o menos la mitad del total de 25.000 sanitarios foráneos que hoy ejercen en España- no les impide seguir curando a los pacientes inadvertidos que se ponen en sus manos. Como es natural, entre esos galenos irregulares habrá de todo, competentes e ignorantes, pero, como explican desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, con que un 5% de ellos esté mal preparado, ya se están corriendo riesgos innecesarios por culpa de una gestión pública chapucera.

El escándalo se practica y se conoce hace tiempo en el mundillo sanitario, pero hasta hace cosa de dos años -tras algunas denuncias aparecidas en los medios- las Administraciones se negaban a reconocer que contrataban a profesionales extranjeros como especialistas sin título. Cuando finalmente han reconocido la práctica, se han escudado en la traída y llevada falta de médicos que supuestamente aqueja al SNS. “Eso es una excusa, la carencia de sanitarios es relativa. Lo que pasa es que están mal distribuidos: en una comunidad autónoma convocan plazas y en otra hay médicos en paro”, explica a ÉPOCA el doctor Manuel Carmona, vocal de Médicos en Formación de la Organización Médica Colegial (OMC). Carmona señala a las agencias privadas de colocación, como Adecco o Manpower, como las responsables de crear una exagerada necesidad de médicos en España. De hecho, Manpower ha creado una división de salud para responder a la demanda de los hospitales y prepara contingentes de sanitarios en países de Sudamérica, principalmente México, para cubrir las vacantes españolas. “Aquí el verdadero problema es que hay 17 mercados distintos, con 17 sistemas sanitarios distintos, cada uno con sus peculiaridades legales y su cartera de servicios. Si convocan un concurso de oposiciones en Huelva, un médico con plaza en Madrid que quiera trasladarse y concurrir no puede presentarse, la ley no se lo permite. Es más fácil para un médico español mudarse de España a otro país de la Unión Europea que a otra comunidad autónoma”, asegura el doctor Carmona. El SNS no fomenta la movilidad, más bien lo contrario, y ésta es una de las deficiencias más gruesas de nuestra sanidad, como lo es, por cierto, de nuestro sistema educativo. “Hay que caminar hacia un mercado sanitario único para que las carencias de una región se compensen con los excesos de otra”, prescribe con tino el vocal de la OMC. Mientras eso no sucede, entre 700 y 800 profesionales españoles eligen emigrar del SNS para recalar en clínicas privadas o en los sistemas públicos de países como Portugal o Inglaterra, donde son muy bien valorados. El otro problema es la rigidez de las condiciones laborales, que provoca que unos 1.500 médicos en toda España prefieran actualmente seguir en el paro que trabajar cubriendo fines de semana y guardias extemporáneas. Para esto, ¿qué mejor que contratar bajo cuerda a médicos foráneos, aunque no acrediten la misma preparación?

La OMC lamenta que esta situación no sea aún conocida por el gran público. “La gente sólo se queja y denuncia si se produce un caso de negligencia o mala praxis. Si no, tiende a pensar que, si lo hace la Administración, será que es legal”, cree Carmona. Pero la legislación vigente desde 1995 establece que sin el título de especialista no se puede ejercer en España. De hecho, se están firmando contratos de una categoría inexistente, la de “médico general adscrito a un servicio” -ginecología, cirugías, pediatría… el servicio que haga falta-, que es una clasificación que desapareció en 1995. Hoy sólo hay médicos de familia o médicos especialistas, y ambos exigen pasar el examen de homologación que expide Sanidad. Las autonomías que lideran esta mala praxis contractual, según la OMC, son Canarias, Andalucía (cuyos responsables sanitarios confesaron en 2008 que más de 100 facultativos sin papeles ejercían en su sistema sanitario, y si lo confesaron es que probablemente sean muchos más), Cataluña y Extremadura. Las cifras, evidentemente, no se saben a ciencia cierta porque las administraciones autonómicas no las declaran, con lo que prueban su sentimiento de vergüenza ante un incumplimiento de la norma tan flagrante. Pero en Canarias, por ejemplo, se calcula que cerca del 20% de los médicos en activo no cuentan con la homologación. La OMC ha anunciado que denunciarán los contratos irregulares que se hayan hecho a partir del 1 de enero de 2010. Eligieron esa fecha porque ampliar el intervalo supondría dejar sin asistencia sanitaria a un buen número de canarios, catalanes, extremeños, etcétera. “Somos conscientes de que denunciar los anteriores podría poner en peligro un alto porcentaje de contratos y no queremos desestabilizar el Sistema Nacional de Salud. No se trata de echar a los que ya ejercen, sino de parar la tendencia y hacer cumplir la ley”, resuelven desde el colectivo de médicos. Ciertamente, la crisis ha contribuido a ralentizar la tendencia, porque un contratado de forma irregular cobra lo mismo que uno legal y no hay dinero para nadie.

Para arreglar esta situación, el Ministerio de Sanidad dirigido por Trinidad Jiménez prepara un nuevo decreto que sigue la filosofía de Jesús Caldera en lo tocante a inmigración ilegal: regularización masiva. El decreto regulará de golpe a todos los médicos extracomunitarios sin título que ya trabajen en España, sepan o no sepan de medicina, y listos. Y también conminará a las comunidades autónomas a dejar de hacer contratos irregulares. Pero esto no pasa de ser un desiderátum inocente, porque las competencias para contratar obran en poder de las autonomías y el ministerio no tendrá forma de vigilar si cumplen o no. Será como dar la absolución a un cuatrero reincidente con la recomendación paternal de que no vuelva a robar. En pura lógica, por otro lado, que impulsar una regularización masiva equivale a reconocer que había un problema, cuando durante mucho tiempo las Administraciones lo han estado negando o bien han estado insistiendo en la corrección de esas contrataciones. Las intenciones regularizadoras de Jiménez pueden chocar, además, con la Justicia. Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Orense ha anulado recientemente y por primera vez el nombramiento de cuatro profesionales médicos contratados por el Servicio Gallego de Salud en 2008 porque los facultativos, todos ellos extranjeros, desempañaban la función de ginecólogos cuando habían sido contratados como médicos de urgencias. El origen de la resolución está en el recurso presentado por una ginecóloga gallega que denunció la desviación de poder, ya declarada como tal por el Juzgado. La jurisprudencia ya está sentada. Las consejerías y los hospitales, avisados. Y los pacientes-lectores, advertidos.