María Poveda
Madrid- Las ayudas a la dependencia implican mil trámites burocráticos, tardan en concederse y son escasas en su cuantía, pero la situación podría ir a peor con la crisis. La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, reconoció ayer que no se puede descartar que «la coyuntura económica que atravesamos no tenga algún tipo de influencia en el despliegue de la Ley de Dependencia».
Los primeros estragos de la crisis ya se han notado sobre este «nuevo sistema de atención ciudadana» -en palabras de Cabrera- que el Gobierno puso en marcha hace ahora año y medio. Ayer, ministra y responsables autonómicos de Política Social se reunían en Madrid en el Consejo Territorial de Dependencia para repartir los fondos que el Estado había previsto en los Presupuestos Generales de 2008 y la sorpresa no se hizo esperar. Los gobernantes autonómicos llegaron a la sede del ministerio de Educación dispuestos a dividirse el 50 por ciento de los fondos estipulados -871 millones-, pero de ese montante el Estado sólo ofreció 241.
«En los últimos días habíamos escuchado del presidente del Gobierno que la crisis no aminoraría las políticas sociales. Por desgracia, hoy -por ayer- hemos visto que la realidad no va por ese camino», comentó a la salida de la reunión Anxo Quintana, líder del BNG y vicepresidente de la Xunta de Galicia.
Ayudas insuficientes
El año pasado el Estado repartió a las comunidades autónomas el 50 por ciento de los recursos presupuestados para la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia a través del denominado «nivel acordado» -que ayuda a financiar servicios y prestaciones dispuestos en la Ley-, pero este año «sólo va a repartir el 27,5 por ciento», calculó el consejero de Política Social, Mujer e Inmigración de Murcia, Joaquín Bascuñana, que calificó la cantidad de «insuficiente». Murcia recibirá 6,5 millones de euros frente a los 14 de 2007.
La reducción de fondos por parte de la administración central comprometerá el bolsillo de los Gobiernos autonómicos. Algunos, como el catalán, reconocieron que tendrán dificultades para aplicar la ley: «Por cada euro que el Estado aporta a financiar la dependencia, la Generalitat tendrá que poner 3,25», señaló Carme Capdevila, consejera catalana de Acción Social y Ciudadanía.
Por su parte, Anxo Quintana, criticó la «manera de proceder» del Gobierno de Zapatero que ha puesto en marcha un sistema «ambicioso» cuyo peso «va a descansar en los recursos y capacidades de las comunidades autónomas». El líder del BNG gallego exigió una reunión a principios de septiembre que analice «el coste real del nuevo sistema de dependencia» y «permita establecer los mecanismos necesarios para que sea sostenible antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2009».
El copago, a septiembre
El otro punto polémico del orden del día del Consejo Territorial de Dependencia, el del copago -o cantidad que los beneficiarios de la ley tendrán que abonar por los servicios que reciban- se aplazó hasta septiembre, cuando se iniciarán una serie de reuniones para «dar un nuevo impulso a la ley», según la ministra Cabrera. El copago es una de las asignaturas todavía pendientes en el desarrollo de esta norma y que podría llegar a comprometer las viviendas habituales de los ancianos que reciben atención en residencias y otros centros.

Y digo yo, quitan ayudas a quien mas las necesitan y aumentan ministerios para ellos y personal, ¿se habran recortado ellos el sueldo? hizo una secretaria mas y con tanto como aumento nos vamos a pique, son una panda de sinverguenzas.