El retraso en la aplicación de la ley y la falta de financiación ponen en pie de guerra a las autonomías del PP

Prestaciones que no llegan, desigualdad ente regiones y unos fondos insuficientes reavivan la guerra de la dependencia.
La Ley de Dependencia sigue generando suspicacias entre las comunidades autónomas y el Gobierno. A falta de concretar el modelo de copago entre ambas administraciones y los beneficiarios, así como el de acreditación de centros de asistencia y de servicios, distintas voces critican la «desigualdad» entre comunidades que está provocando la norma, así como la «imprevisión» en las proyecciones de beneficiarios y los graves retrasos en su aplicación.
La secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, destaca que -dos años después de aprobarse la ley- sólo se han resuelto el 44 por ciento de las solicitudes presentadas, «el resto está en grado no identificado», a la espera de que se les asigne un grupo de los tres que se contemplan (dependencia grave, severa o moderada).
«Cumplir» 102 años
Pastor critica que muchas ayudas sufren retrasos indefinidos, hasta el punto de que numerosas personas mayores que las esperan no las recibirán hasta 2012. «Muchos han muerto ya o habrán cumplido 102 años en esa fecha». «La ley ha generado grandes expectativas, pero las ayudas no llegan y no es de recibo que una sola comunidad, como la de Madrid, ya destine por sí sola casi tanto [700 millones de euros] como el Gobierno de Zapatero [alrededor de 1.000 millones]» en prestaciones.
Los cálculos indican que entre un 5 y un 8 por ciento de los solicitantes han muerto en el plazo de un año de retraso que lleva la aplicación de las ayudas que contempla la ley. Este porcentaje supone entre 30.000 y 48.000 personas que habrían fallecido en el último año esperando recibir las ayudas.
La ex ministra de Sanidad cree además necesaria la creación de una «agencia nacional de evaluación que garantice la calidad y el reparto de ayudas, sin menoscabar las competencias de las CC AA».
En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular presentó el jueves una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a que presente un informe anual que justifique la aplicación de la ley, informe que contempla la propia normativa, a pesar de lo cual el Ejecutivo «no ha remitido ningún informe».
Según el escrito de la oposición, «sólo 60.000 de los 378.000 dependientes valorados están recibiendo ayudas o prestaciones», además de que CC AA y entidades locales «manifiestan la dificultad en su aplicación por la complejidad de los convenios, los defectos del sistema informático y un presupuesto insuficiente».
Los consejeros de Asuntos Sociales de las seis comunidades autónomas gobernadas o cogobernadas por el PP excepto Navarra -Madrid, C. Valenciana, Castilla y León, Canarias, Murcia y La Rioja-, se reunieron el lunes para exigir el pago de los 115 millones de euros que les «adeuda» el Estado en concepto de ayudas por la Ley de Dependencia. El encuentro tuvo lugar en Valencia, cuyo consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, aseguró que la iniciativa cuenta con una financiación «claramente insuficiente» en los Presupuestos del Estado para 2009 y que el Ministerio «ha dejado de cumplir sus compromisos». Aseguró que tanto las CC AA como los beneficiarios de las prestaciones «soportan gran parte del gasto» achacable al Estado, «hasta el 80%», resaltó, al tiempo que afirmó que «parece que el Gobierno no quiere o no puede aplicarla ley y mira hacia otra parte».
El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, criticó, por su parte, que las ayudas por dependencia «sean tan espectaculares aquí y tan modestas en otras comunidades». El hecho de que la región acapare una de cada tres solicitudes (ver gráfico) es un «auténtico fraude social», ya que, a su parecer, «la Junta contabiliza a los dependientes que ya estaban ingresados en residencias», lo que es «inadmisible», destacó.
Con 192.000 solicitudes, Andalucía acapara el 31,6% de las presentadas, a pesar de contar con sólo el 17,8% de la población española. Le siguen Cataluña, con más de 72.000 admitidas a trámite (12% de las solicitudes y 16% de la población); Galicia, con 47.000 (7,8 frente a 6,1%) y Castilla-La Mancha, donde se tramita un 6,2% para un 4,3% de la población.